Volumen 5, No. 17, julio-septiembre 2022
ISSN: 2631-2735
https://doi.org/10.33996/revistalex.v5i17.127
Páginas 294 – 308
Violencia De Género en Perú y la Responsabilidad Social
Universitaria
Gender
Violence in Peru and University Social Responsibility
Violência de Gênero no Peru e Responsabilidade Social Universitária
Luz Amparo Candiotti
Paredes
lcandiottipa14@ucvvirtual.edu.pe
https://orcid.org/0000-0003-1197-1198
Universidad Cesar Vallejo.
Lima, Perú
Diego Conrado Ludeña Manco
U20151b634@upc.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-8680-3458
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Lima, Perú
Gerardo Francisco Ludeña González
gludenag@ucv.edu.pe
https://orcid.org/0000-0003-4433-9471
Universidad Cesar Vallejo.
Lima, Perú
Artículo recibido el 27 de junio 2022 /
Arbitrado el 21 de julio 2022 / Publicado el 17 de agosto 2022
RESUMEN
La violencia de
genero está impregnada en la realidad social en Perú, sobre todo en los niveles
económicos y sociales donde prima la pobreza, la miseria, el hambre, la
enfermedad, la fuerte desigualdad en la distribución del ingreso y la
discriminación en sus múltiples formas (racial, de clase, de edad, por la
orientación sexual, por la nacionalidad y por la pertenencia étnica), son
expresiones de la violencia estructural presente en la sociedad actual. El
objetivo fue describir el enfoque de género sin ninguna diferencia entre el
sexo masculino y femenino para así tener igualdad de oportunidades reduciendo
la violencia familiar y el subsecuente feminicidio
que tiende a su incremento. Se concluye que, las Universidades tienen la
responsabilidad conjunta con la sociedad, de difundir la igualdad de
condiciones entre las personas de uno y otro sexo, conforme lo estipula los
tratados de derechos humanos y la Constitución política del Perú por una
sociedad con justicia social y equilibrada.
Palabras clave: Violencia; Familia; Género; Responsabilidad universitaria
ABSTRACT
Gender violence is
impregnated in the social reality in Peru, especially in the economic and
social levels where poverty, misery, hunger, disease, strong inequality in
income distribution and discrimination in its multiple forms (racial, class,
age, sexual orientation, nationality and ethnicity) are expressions of the
structural violence present in today's society. The objective was to describe
the gender approach without any difference between the male and female sexes in
order to have equal opportunities, thus reducing family violence and the
subsequent feminicide that tends to increase. It is
concluded that Universities have the joint responsibility with society to
spread equality of conditions between people of both sexes, as stipulated in
human rights treaties and the Political Constitution of Peru for a society with
social justice and balance.
Key words: Violence; Family; Gender;
University responsibility
RESUMO
A violência de gênero
está impregnada na realidade social do Peru, especialmente nos níveis econômico
e social onde pobreza, miséria, fome, doença, forte desigualdade na
distribuição de renda e discriminação em suas múltiplas formas (raça, classe,
idade, orientação sexual, nacionalidade e etnia) são expressões da violência
estrutural presente na sociedade de hoje. O objetivo era descrever a abordagem
de gênero sem nenhuma diferença entre os sexos masculino e feminino, a fim de
ter igualdade de oportunidades, reduzindo assim a violência familiar e o subseqüente feminicídio que tende
a aumentar. Conclui-se que as universidades têm a responsabilidade conjunta com
a sociedade de difundir a igualdade de condições entre as pessoas de ambos os
sexos, conforme estipulado nos tratados de direitos humanos e na Constituição
Política do Peru, para uma sociedade com justiça e equilíbrio social.
Palavras-chave: Violência; Família;
Gênero; Gênero; Responsabilidade universitária
La
violencia contra las mujeres, afecta a muchas familias a diario en todo lo
largo y ancho de nuestro territorio y a pesar de que existen instituciones que
amparan a las mujeres en situación de violencia, aun los indicadores reflejan
cifras muy altas, esto se debe en la mayoría de los casos a la conducta
machista de muchos hombres en la sociedad.
El
enfoque de Género constituye una brecha que manifiesta la desigualdad en cuanto
a Derechos, recursos y coyuntura. Esta valoración, puede aplicarse a diferentes
ámbitos, como el trabajo, la política, la educación y sobre todo, el paradigma
de que las personas del sexo femenino por el hecho de ser mujeres, son
consideradas el sexo débil de tal modo que son calificadas como incompetentes
para cumplir determinadas funciones y labores, habiendo familias que aun en el
presente año 2022, discriminan a sus hijas desde el momento que nacen,
criándolas con muchas características de un estereotipo que estas niñas solo
aprenderán las labores del hogar, así mismo sufren una distinción,
minimizándolas frente a sus hermanos y familiares de sexo opuesto, negándole la
oportunidad de desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones,
forjando en ellas creencias limitantes en la familia, siendo que desde su
nacimiento les brindan obsequios que las limitan para su desenvolvimiento en el
mundo actual, que es un mundo donde priman las competencias y los desempeños de
los seres humanos (Cruz, 2021).
En
la actualidad los padres marcan la diferencia de género en los hijos ya que en
fechas importantes como cumpleaños, navidades, entre otras festividades, donde
las familias por costumbre, les obsequian a sus hijos juguetes según su género,
como muñecas, juegos de té, cocina entre otros, así como carros, soldados,
motos, armas de fuegos, siendo que con estos obsequios se les está dando al
subconsciente de que las niñas son el sexo débil, las futuras amas de casa y el
niño el sexo fuerte, los que a futuro impondrán el orden y la fuerza en el
hogar como jefe de familia, siendo esto un pensamiento machista y paradigmático
en pleno siglo XXI, que al vivir en el subconsciente de las personas este
internalizado como un hecho normal en nuestra sociedad, es cierto que se han
realizado diferentes cambios de estas conductas aprendidas, teniendo en cuenta
que las costumbres y los conocimientos se aprenden y desaprenden; definiendo
esta teoría como: Aprender a desaprender es dejar de repetir las misma formas.
Es decir, explorar o hallar la existencia de otros caminos que permitan
alcanzar las mismas oportunidades, dejando las limitaciones que comúnmente se
tiene, por otras que no han experimentado. Aprenden automáticamente desde el
momento de nacer (Cruz, 2021).
Por
lo que cabe precisar, que solo desaprendiendo las viejas estructuras del
pensamiento de las familias se logrará el verdadero cambio paradigmático de la
diferencia de género, se podrá lograr devastar la brecha de género en Perú y
toda Latinoamérica, donde las mujeres concurran.
Por
ello, el propósito estudio describir las experiencias de vida en las familias
en Perú, respecto a las marcadas diferencias, que atentan contra la libertad y
los derechos humanos de mujeres de distintas culturas, condiciones sociales,
niveles de educación, religión, raza, etnia y edad. La discriminación racial en
Perú muestra las siguientes cifras. Más de un millón de peruanos han sufrido de
discriminación. Además, el 81% de los encuestados indica que la “discriminación
ocurre todo el tiempo y nadie hace nada.
También, el 79% de la población dice que Perú es un país racista
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021).
El estudio se diseñó
sobre un enfoque cualitativo, La investigación es de tipo básica descriptiva y
enlaza una serie de conceptos que vulneran los derechos fundamentales de las
personas objetivamente “las mujeres” en general sin importar las condiciones
sociales, culturales, de credo, raza, edades. Investigando los conflictos que
dan origen a la violencia intrafamiliar en las rutinas del hogar donde el
varón, por lo general, es considerado como cabeza de familia (Ministerio de
Cultura, 2018).
Del estudio se ha
determinado la evolución de este fenómeno a través de la historia; la sociedad,
ha puesto el poder en manos de maridos y padres cuando se entabla una relación
conyugal o de pareja”, quiere decir que las desavenencias que generan los problemas
en contra de las mujeres se desarrolla en el seno de la familia, los mismos que
desde los confines de la historia aun antes de Cristo y en el mismo derecho
romano, las mujeres eran consideradas inferiores en la sociedad, donde la
sociedad patriarcal se impone ante las personas de sexo femenino,
considerándosele a los hombres, como cabeza de familia, ya que ellos fueron
quienes sostenían económicamente (Vásquez, y
Ramón, 2022).
El concepto de género
alude a los distintos roles, responsabilidad y atributos que se asignan a
hombres y mujeres en la sociedad como producto de una construcción socio
cultural respecto de su sexo biológico (Martens,
2018).
Lo que quiere decir Martí
(2011) es que estos conceptos determinan las características naturales
de hombres y mujeres, el
genoma se comporta de forma diferente dependiendo del género. Estos nuevos
datos plantean retos para la ciencia, la medicina e incluso la igualdad de
género que no se derivan del sexo de las personas, sino que son
constituidas a través de las relaciones sociales y las imposiciones culturales,
pues no es lo mismo referirse al género o el sexo, pues el primero define
conjunto de los individuos que comparten esta misma condición orgánica, por ser
el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de una
especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible la
reproducción y se caracteriza por una diversificación genética, sexo apunta a
las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y
hombres.
Mientras que género se refiere a las ideas, normas y comportamientos que
la sociedad ha establecido para cada sexo, y el valor y significado que se les
asigna (Graves, 2018).
Otorgar a mujeres y
hombres igual valoración y goce real de derechos y oportunidades, acabando así
con las discriminaciones, la violencia basada en género, que tiene un carácter
generalizado, constante y múltiple, se presenta en distintos espacios de la
vida por lo que requiere ser atendida desde un enfoque que permita visibilizar
las múltiples conexiones entre las diferentes formas en que se presentan, la
ley Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre
hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que
se establecen en una de las causas principales de la violencia hacia las
mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de
intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. Del enfoque de género, lo que la ley quiere decir alude al conjunto
de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021).
Del enfoque integral,
lo que la ley aborda es la iniciativa que busca crear un modelo de desarrollo y
transformación para facilitar la construcción de una comunidad conectada. Del
enfoque de interculturalidad, lo que la ley quiere decir es que Perú es un país
pluricultural, como lo establece el Art. 2 de la Constitución Política del Perú
numeral 19 de 1993, en la que todas las personas tienen derecho a: Su identidad
étnica y cultural y enfoque de derechos humanos, la cual permite crear las
condiciones indispensables para que los seres humanos vivan dignamente en un
entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de
expresión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación
política o de acceso a la información son algunos de ellos.
Respecto del enfoque
de interseccionalidad, lo que la ley quiere decir es
que, dentro del género, etnia, la clase y orientación sexual, como otras
categorías sociales, lejos de ser “naturales” o “biológicas”, son construidas y
están interrelacionadas, así mismo, respecto del enfoque generacional lo que la
ley quiere decir es que apunta al análisis en tiempo y espacio de las
relaciones intergeneracionales, en contextos históricos, sociales, económicos,
políticos y culturales determinados, tomando en cuenta los ciclos de vida,
roles, acciones que la persona establecen con sus entornos, la sociedad y sus
instituciones. Las mujeres estamos sujetas a esta ley en todo nuestro ciclo de
vida, Niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores (Elichiry,
2019).
Lo que evidencia la ley
incluye a las mujeres en todo su ciclo vida, con la finalidad de brindar
protección oportuna, es sumamente importante lo que diga la voluntad expresa de
la ley y otra la vida cotidiana donde hay caos en los procesos, expedientes
judiciales, precedentes judiciales y vinculantes, incluso en las mujeres
adultas mayores que son fuertemente violentadas por el hecho de haber nacido
mujeres, en este extremo se presenta, la mayor realidad problemática de esta
investigación, pues al fin y al cabo el resultado final de la Violencia de
género es la muerte, que llamado en términos legales se trata del feminicidio (Vite, 2021).
En Lima, con fecha
veintidós del mes de noviembre del año dos mil quince, se publicó en el Diario
El Peruano la Ley N° 30364, que corresponde a la Ley para Prevenir, Sancionar,
y Erradicar la violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar.
En el presente
artículo, se atribuye que a la presente ley muestra avances relevantes por
parte del Estado para luchar contra la violencia hacia las mujeres y otros
integrantes del grupo familiar, a su vez, se esbozan puntos importantes que no
fueron tomados en cuenta y que se mantienen como retos normativos para combatir
este fenómeno, la autora trata de explicar que la ley N° 30364, Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar, resultó obsoleta,
puesto que tenía la anterior una serie inobservancias e implicancias sumamente
importantes como que se limitaba a sancionar los actos constitutivos como
violencia familiar, es decir, aquellos cometidos únicamente por personas
vinculadas familiarmente a la víctima, cónyuges, convivientes, ex convivientes,
ascendientes, descendientes, parientas colaterales hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar sin
relación laboral o contractual, quienes hayan procreado hijos (Díaz, 2019).
Es decir, no existía
en Perú una norma que sanciona la violencia contra la mujer por razones de
género, sino únicamente en contextos familiares. La nueva ley, en cambio,
reconoce en su artículo, la definición de violencia contra las mujeres, se
define de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la
Violencia Contra la Mujer, Convención “Belém do Pará”. Esto significa que
reconoce que la violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito doméstico
pues puede ocurrir también en el ámbito público y, además, implica que estos
problemas responden a desigualdades estructurales y sociales hacia las mujeres,
es decir, se da por razones de género (Defensoría del pueblo, 2022).
Una vez más, se trata
de explicar que las mujeres por el simple hecho de haber nacido mujeres se ven
expuestas a ser violentadas no sólo dentro del círculo familiar y hogareño sino
también en el entorno público, esta definición es manifiesta y recogida de la
convención de, Convención “Belém do Pará - Brasil” del año 2020 quien define en
su Artículo “2” que se entenderá como violencia contra la mujer aquella que
incluye la violencia física, sexual y psicológica, además:
A.
Que tenga lugar dentro de la familia o unidad
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende,
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
B.
Que tenga lugar en la comunidad y sea
perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
C.
Que
sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Al ponerse de manifiesto este importante cambio en Perú, el propósito de
la norma es que las mujeres estén protegidas ya sea en su centro de estudios,
centro laboral y que se puedan desplazar con tranquilidad y sin miedo de ser
atacadas por propios y ajenos ya que se considera también el grado de
vulnerabilidad al que están expuestas por el hecho de ser mujeres y no pueden
defenderse frontalmente por cualquier
sociópata o psicópata que algún día pasó por sus vidas sin ser reconocido por
ellas, ya que estos hombres muestran grados de simpatía que pasan por
desapercibidos en sus emociones en razón que ese tipo de relaciones fueron
tóxicas en las vidas de las féminas en la que aquellos tienen el afán de
vengarse, estando en cualquier momento expuestas a sus ataques, puesto que
estos sujetos las creen de su propiedad, como es de notarse a partir del
estudio de caso donde, una mujer de 22 años fue atacada por un sujeto que
prendió fuego en el interior de un bus de la empresa de transporte público Etuls S.A. en la cuadra 9 de la avenida 28 de Julio en
Miraflores - Lima, Perú, el hecho, que se produjo a las 7:05 pm de la noche,
dejando a la señorita un total de 10 heridas con quemaduras de segundo y tercer
grado; así mismo el caso de un hombre que echó gasolina al interior de la
unidad de placa B3H-711, que cubre la ruta San Juan de
Lurigancho-Chorrillos-Lima, quedando gravemente herida la Srta. con más del 70%
del cuerpo quemado, caso en el que, según la representante de la Defensoría del
Pueblo, se trató de un feminicidio con estrecho
vínculo de sospecha que la víctima tendría alguna relación con el agresor,
siendo que posteriormente, el artículo del diario La República, de fecha 25 de
abril del 2018, refirió que después de estar hospitalizada y de todos los
esfuerzos médicos, falleció Eyvi Ágreda Marchena, la
joven que fue brutalmente atacada por Carlos Hualpa
Vacas, quien insatisfecho porque la muchacha jamás accedió a sus pretensiones
románticas, le roció con gasolina dentro de un bus en Miraflores y luego le
prendió fuego (La República, 2019).
Estos
correlatos evidencian claramente el grave problema de violencia de género en
que diariamente se está viendo expuestas las mujeres peruanas y que, aun
estando establecida en la normatividad vigente, no se procede oportunamente y
no se respeta la hoja de Valoración de Riesgo, pues a las víctimas no se les
brinda las correspondientes medidas de protección o no se cumplen con las
mismas, exponiendo a las féminas al peligro y a la agresión de estos sujetos
quienes resultan responsables de estas conductas ilícitas que terminan en
muchos casos con el resultado de muerte por feminicidio, pese a ya haber existido denuncias
anteriores. En todos los casos citados resulta común la circunstancia en la
cual se resta importancia a las denuncias pues los sucesos causados por ejemplo
la de la Srta. Eyvi Ágreda Marchena, se perpetraron
dentro de un transporte público, a vista y paciencia de las otras personas que
se encontraban en el bus, quienes no pudieron evitarlo, lamentablemente por
temor y represalias, casos de esta naturaleza se evidencian con frecuencia
(Fernández, 2019).
En
Perú se indica que,
durante el año 2021, cinco mil niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron
reportadas como desaparecidas, y ocurrieron 147 feminicidios.
El escenario parece no mejorar para este 2022, en el que solo en enero ya se
habían denunciado la desaparición de 519 niñas, adolescentes y mujeres adultas,
así como 18 feminicidios, cifras superiores en un 19%
a lo reportado en enero del 2021, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Quedando demostrado que este problema está centrado a las personas de sexo
femenino de todas las edades ya que sufren diversos tipos de vulneración, donde
también se tiene que considerar la desaparición de mujeres de todas las edades
y etapas de la vida, situación que parece mantenerse ajena a los ciudadanos
peruanos, puesto que el Gobierno, la Defensoría del pueblo, el Ministerio de la
mujer y poblaciones vulnerables así como también el ministerio de educación
deben tomar en cuenta que inconscientemente se está normalizando la violencia
contra la mujer en todas las etapas de su vida. Estos estudios fueron abordados
cerca al día internacional de la mujer en el presente año 2022, por lo que se
considera de suma relevancia, mantener la lucha contra la violencia de género
en todos sus aspectos (Centro de Investigación de la Universidad del
Pacifico, 2022).
El feminicidio en Perú
contra las mujeres, se trata de un asesinato de masas y sucede cuando las
condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra
la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra
mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y
asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a
la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son
concertados o realizados por asesinos seriales, los hay seriales e
individuales, seriales que constituyen una serie, nacen de una declaración de
voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas, del cual,
algunos son cometidos por conocidos, parejas, parientes, novios, esposos,
acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son
perpetrados por desconocidos y anónimos y por grupos mafiosos, sicarios
delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales, sin embargo, todos
tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables
y desechables (Fernández,
2019).
Desde
luego, todos los responsables de estos ataques coinciden en su infinita
crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Este reporte del
centro de la Mujer Flora Tristán, es un estudio concreto y descriptivo,
explicativo respecto a la conducta de los hombres maltratadores y genocidas,
sobre todo por la especial vulnerabilidad a la que somos expuestas basada en el
género sobre todo por la infravaloración de la mujer en la sociedad peruana,
donde los causantes de esta realidad problemática en nuestro país son personas
de sexo masculino con particularidades conductas distorsionadas y enfermas,
hombres que se encuentran en procesos psicológicos de los celos paranoides o
del miedo intolerable a ser abandonados controlan el pensamiento de la persona
y mantienen la relación porque gradualmente van convirtiendo a la mujer como un
objeto, ya no perciben a la mujer como persona sino como un objeto de su
pertenencia que, como no logran controlarlo, necesitan destruirlo (Meléndez,
2021).
Por ello, en los feminicidios hay mucha violencia, hay más heridas de las
que se necesitaría para matar a una persona y luego tratan de aniquilar al
cadáver, algunos lo disuelven en ácido, lo queman o descuartizan. Son crímenes
típicos del compromiso emocional, el hombre violento siempre se va a arrepentir
de lo que ha hecho y a pedir disculpas, incluso de rodillas, la psiquiatría
demuestra y resalta que lo más probable es que no esté mintiendo, de verdad no
piensa volverlo a hacer; lo que pasa es que las modificaciones en su cerebro,
la gran disfuncionalidad que tienen, les impide cambiar su conducta, a menos
que tengan un proceso terapéutico. Entonces, van a volver a golpear o
maltratar, porque les gana el impulso, el feminicidio
muestra el real contexto de violencia y discriminación hacia la mujer; de este
modo se convierte en uno de los principales problemas sociales que se tiene que
enfrentar, pues es evidente que las construcciones sociales en Perú, toleran la
violencia basada en la discriminación de género, Por otro lado, es fundamental
señalar que las organizaciones del Estado y de la sociedad civil deben promover
estrategias para prevenir y enfrentar casos de feminicidio
en el país, pues son delitos de lesa humanidad cotidianamente vividos por las
mujeres (Flores, 2018).
Se debe exigir a las
autoridades la investigación exhaustiva de los hechos y la aplicación de
justicia a los responsables, pues de estos resultan graves problemas sociales,
asuntos que implican, una serie de delitos infringidos contra de las mujeres,
no resultando eficientes las políticas de Estado para desarrollar programas
sociales necesarios que permitan revertir el problema social en cuestión y, de
este modo, mejorar la calidad de vida de las mujeres y de la sociedad (Lansford, et.
al., 2014).
En
un artículo del diario La República del año 2018, se elaboró una descripción
cuantitativa y de número de proporción de la realidad problemática planteada en
nuestro país el último año, habiendo determinado que se han cometido 146 feminicidios en Perú, escalofriante realidad. En los
últimos cinco años, este delito ha ido en aumento en Perú, con proyección
similar en Latinoamérica, hasta llegar a la dramática cifra de 582 casos
reportados sólo en Lima, habiendo sido denunciados un promedio de 170 agresiones
por día (Hernández, 2019).
En el año 2022 hasta
la fecha se cometieron 146 feminicidios en Perú, un
caso mediático que puso en evidencia este controvertido problema es el caso de
la ciudadana Eyvi Liset
Ágreda Marchena, así también como los de Marisol Estela Mendoza, Julia Reyner y Estefany Torres. Todas ellas tienen algo en común,
sus nombres forman parte de la escalofriante cifra de 146 feminicidios
perpetrados en el año 2018. Además, son parte de una dramática estadística que
muestra la realidad sobre estos delitos perpetrados en contra de la mujer (Flores, 2018).
Este tipo de crímenes
se han incrementado hasta llegar a los 582 casos en lo que va del presente año,
sin embargo, las cifras de horror no terminan ahí. Según el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, solo en Lima- Perú, entre enero y noviembre
2019 se han denunciado 39,000 casos de violencia contra la mujer e integrantes
del grupo familiar, de lo que se colige que son aproximadamente 170 casos de
violencia diarios. No obstante, la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta,
informó, que solo el 29% de ellas denuncia la agresión, es decir, si todos los
casos fueran denunciados, la realidad y el problema sería mostrado de forma más
alarmante y real. Ante ello, invocó a las mujeres a denunciar a sus agresores.
Se dijo que para revertir esta realidad están trabajando de forma articulada
con los diversos ministerios, así como con la Policía, la Fiscalía y el Poder
Judicial, a fin de fortalecer el sistema de protección a la mujer, al finalizar
el 2019 el caso fue promedio fueron 163 feminicidios
reportados en Perú (Solís, 2019).
Cada una de las mujeres prevalentemente tienen
responsabilidad en esta lucha, lo cual refleja que no se puede ser
indiferentes, no hay que quedarse callados pensando que el problema es de
otros, circunstancia que suma la carente reversión frente a la creciente
violencia contra las mujeres que con la pandemia cerró con las cifras más
alarmantes de feminicidios en Perú, pese a los
esfuerzos de liderazgo de las autoridades locales, teniendo solo 80 de las
183 municipalidades provinciales en Perú, instancias provinciales de
coordinación con la cifras mínimas a nivel distrital (Revollar, 2021).
De otro lado, el Ministerio de la Mujer informó que los Centros de
Emergencia Mujer (CEM) en Perú, atendieron, a nivel nacional, 120,734 casos de
violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar habiendo sido
implementadas 49 CEM que funcionan dentro de las comisarías de la policía
nacional (Anteparra, 2019).
En todo caso, respecto a las causas de violencia, hay factores sociales
que influyen en las personas, como son, por ejemplo, algunos contenidos
televisivos. Estos no son una relación causa y efecto, pero sí son influyentes.
Una marcha contra las agresiones a las mujeres no va a cambiar los efectos de
la violencia. Se debe ser constante, bombardear la mente de las personas con
spots publicitarios, segmentos en programas que hablen de cómo tratar y
respetar a las mujeres, charlas en los centros educativos, universidades,
medios de comunicación y sobre todo dentro del núcleo familiar donde se enseñe
a auto valorarse, la autoestima, la inteligencia emocional, a las integrantes
de la familia de sexo femenino, así también a informar que el más mínimo
intento de violencia de género, en cualquiera de sus modalidades, debiendo ser
denunciado de inmediato a las autoridades pertinentes, la Policía Nacional del
Perú, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, entre otros (ANDINA,
2019).
Abordando el compromiso de la responsabilidad social universitaria, el
presente artículo, describe evidencias respecto a la violencia familiar, siendo
éste un problema de interés público, por tanto es deber del estado enfrentarlo,
dado que éste conflicto vulnera los
Derechos Fundamentales de la Persona, como el derecho a la vida y a la salud
pública, puesto que se ven en grave peligro, llegando muchas veces al feminicidio como consecuencia final de estos graves hechos
que se dan en la realidad peruana, motivo por el que se recomienda cumplir con
la alianza de la Sociedad Civil en general, entre todos los sectores de la
sociedad, siendo preferente que el sector privado también lo conforme, pues,
implica a todos (Vallaeys, 2021).
Como lo indica el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, la Responsabilidad Social tiene como objetivo,
promover la no violencia contra la mujer y el grupo familiar dentro de sus
organizaciones y en la comunidad de su entorno como parte interesada, esto
implica el reconocimiento y la valoración ante la diferencias de género y mayor
respeto en principios y valores dentro de la familia para focalizar programas
según cada caso y género a partir de sus limitaciones y potencialidades,
teniendo en cuenta el enfoque de integridad que reconoce que la violencia
contribuye a factores que están presentes en distintos ámbitos, familiar,
individual, comunitario y estructural, desde la formación académica, la
empatía, los valores y comportamientos sociales responsables del estudiante.
En todo caso, a decir de Canchanya
(2020) la violencia se mantuvo latente en sectores mayormente vulnerables,
sin embargo, el Estado peruano no utilizó mecanismos apropiados para paliar los
riesgos de las mismas ni fueron eficaces las políticas públicas de prevención
dispuestas. De ahí que, las últimas recomendaciones dirigidas a Organizaciones,
Gobiernos, instituciones y proveedores de servicios para adaptarse y dar
respuesta a las circunstancias derivadas de la violencia familiar debe tener
presente que la comunidad internacional ha reconocido que la violencia contra
mujeres y la violencia contra niñas y niños, representan violaciones de los
derechos humanos y problemas de la salud pública, con implicaciones para el
desarrollo integral, educación e integración social de niñas, niños y
adolescentes.
En tal sentido, la violencia contra las mujeres
y la violencia contra los niños y las niñas frecuentemente ocurren en el mismo
hogar o familia y al mismo tiempo, como tal, tienen que ver con las relaciones
desiguales de poder al interior de la familia, la exposición a la violencia
desde temprana edad, las masculinidades nocivas y violentas, y las
desigualdades de género (Guedes y Bott,
2019).
De otro lado, aún están presentes normas
sociales que contribuyen a la permisividad del castigo físico; a las normas de
masculinidad basadas en el control y violencia; a priorizar la reputación
familiar sobre el cuidado de las personas que sufren violencia y rechazar la
igualdad de género (Klevens y Ports,
2017).
La evidencia demuestra que la igualdad de género
y la promoción de normas sociales equitativas, son factores protectores tanto
para la violencia contra las mujeres como para la violencia contra los niños y
las niñas, de ahí que, Las personas y las familias a menudo están expuestas a
múltiples formas de violencia que pueden ser difíciles de abordar de manera
aislada (Guedes, et. al., 2017).
Dentro de este marco conceptual la
responsabilidad social universitaria, planifica programas para atender estas
problemáticas dentro de la prevención y atención, así como otros que promuevan
la equidad de género y que brinden oportunidades para salir del círculo de la
violencia tales como generación de renta de desarrollo, capacidades y educación
equitativa (Cabrejos, 2017).
Se recomienda determinar que los programas para el fortalecimiento de
capacidades y de generación de rentas para mujeres, den evidencia de esta
independencia financiera, a fin de que tienda a empoderar a las mujeres tales
como el estudio de caso del programa juntos en Perú, donde se encontró que las
transferencias a los hogares tienen un impacto significativo en la reducción de
la violencia doméstica y es porque las mujeres perciben ingresos adicionales
por trabajos remunerados, recomendando que, para disminuir estos problemas,
resulta necesario potenciar todos los aspectos y oportunidades y fortalezas a
través de la sociedad civil, Universidad, Empresa y Gobierno (Huerta, 2018).
Se debe tener en cuenta que es importante que la empresa, la
Universidad y la sociedad civil se unan al Estado para reducir la violencia
como parte de la Responsabilidad Social Universitaria y así eliminar las
prácticas machistas y de violencia, tomando acciones para orientar y prevenir
la violencia, así como costumbres y prácticas culturales que proponen eliminar
la desigualdad histórica de poder hombre - mujer y / o Adulto, para, a partir
de ello, reducir el embarazo de adolescentes, etc., resultando una sociedad
menos violenta, con una cultura de paz, mejor calidad de vida, mejora económica
y reducción de la pobreza (Javier, 2019).
La violencia de género en Perú, advierte en la mujer un problema social
de gran magnitud que atenta contra la libertad y los derechos humanos de
distintas culturas, condiciones sociales, niveles de educación, religión, raza,
etnia y edad. En tal sentido, la equidad de género propugna otorgar a las mujeres
y hombres igual valoración y goce real de derechos y oportunidades, acabando
así con las discriminaciones. La violencia basada en género, constante y
múltiple, se presenta en distintos espacios de la vida social, por lo que
requiere ser atendida desde un enfoque que permita visibilizar las múltiples
conexiones entre las diferentes formas en que se presentan, en razón a que se
determina que es latente con graves consecuencias de violencia intrafamiliar en
las rutinas del hogar acopladas a una fuerza de trabajo con una dirección
masculina, en la que se monopoliza los ingresos económicos de la familia a la
cabeza del hogar como lo es el hombre (Huerta, 2018).
Los estudios ponen en evidencia a Perú como un país frágil en términos
de violencia y maltrato psicológico hacia la mujer, producto de una sociedad
patriarcal y machista. Se publicó en el Diario El Peruano la Ley N° 30364, Ley
para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar, la misma que derogó la ya desfasada Ley N°
26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, esta nueva ley
significa un avance positivo por parte del Estado para luchar contra la
violencia hacia las mujeres y otros integrantes del grupo familiar (Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico, 2022).
La Responsabilidad Social Universitaria, permite realizar en el ámbito
universitario una serie de programas que minimicen o reflejen la ausencia de
agravios desde la violencia familiar, en una política de gestión universitaria
acorde a los desafíos del mundo moderno del siglo XXI, donde el objetivo
fundamental sea desarrollar una serie de acciones que permitan estrechar las
relaciones de la universidad con la sociedad, contribuyendo con una
investigación a fondo que ayude y dé pie al mejoramiento de las problemáticas
existentes en cuanto a la violencia de género. En la actualidad existen
instituciones que amparan y protegen a las mujeres en situación de violencia de
género, es de mencionar que es de vital importancia el involucramiento de toda
la sociedad para poder resolver esta problemática que nos empaña a todos.
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