Volumen 5, No. 15, enero-marzo
2022
ISSN: 2631-2735
https://doi.org/10.33996/revistalex.v5i15.106
Páginas 10 - 20
https://revistalex.org
Aplicación del
principio de privilegio de controles posteriores al proceso contencioso administrativo y consecuencias jurídicas
Application of the principle of privilege of controls after
the administrative contentious process and legal consequences
Aplicação do princípio do privilégio de controles
subsequentes ao processo administrativo
Carlos Alberto Sialer Niquén
juris3ro@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2965-3497
Universidad Nacional
Federico Villarreal, Lima-
Perú
Artículo recibido el 7 de febrero
2022 / Arbitrado el 5 de marzo 2022 / Publicado el 17 de marzo 2022
RESUMEN
Ante el marco constitucional la consagración del Proceso Contencioso Administrativo garantiza la prohibición de restringir mediante
normas el derecho de los particulares a cuestionar judicialmente las decisiones administrativas. Bajo esa perspectiva el propósito de la investigación
fue analizar la aplicación del principio de privilegio de controles
posteriores al proceso contencioso administrativo y sus consecuencias jurídicas en los Juzgados Contenciosos
Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta investigación estuvo
enmarcada metodológicamente en un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un
diseño no experimental, corte transversal; asimismo se utilizó una muestra no probabilístico de 40 personas, conformada de 05 magistrados, 10 asistentes judiciales, 15 abogados especialistas y 10 docentes universitarios, a quienes se les
aplicó un cuestionario basado en el principio de privilegio de controles
posteriores, proceso contencioso administrativo, simplificación y celeridad
procesal y potestad sancionadora. Obtenido los datos fueron analizados
utilizando la estadística descriptiva, el promedio aritmético y porcentajes.
Los resultados mostraron que la aplicación del principio de privilegio de
controles posteriores al proceso
contencioso administrativo influye
de manera significativa en los procesos
judiciales y acarrea
consecuencias jurídicas. Se
concluye que el Proceso Contencioso Administrativo no es aplicado de manera
eficiente en estos juzgados, ya que la administración en ejercicio de sus facultades discrecionales no dicta actos
que responden de manera justa, eficaz y oportuna al interés colectivo que se
trata de satisfacer..
Palabras clave: Principios; proceso; contencioso;
administrativa; jurídicas
ABSTRACT
Given
the constitutional framework described, the consecration of the
Contentious-Administrative Process guarantees the prohibition of
restricting through regulations the right of individuals to judicially question
administrative decisions; However, from this perspective, the purpose of
the investigation was to analyze the application of the principle of privilege
of controls subsequent to the contentious- administrative process and its legal
consequences in the Contentious-Administrative Courts of the Superior Court of
Justice of Lima. This research was methodologically framed
in a quantitative approach, of a basic type, with a non-experimental, cross-sectional design; Likewise, a sample was used with a
non-probabilistic sampling of 40 people, made up of 05 magistrates, 10 judicial
assistants, 15 specialist lawyers and 10 university professors. to whom a
questionnaire was applied based on the principle of privilege of subsequent
controls, contentious- administrative process, procedural simplification and speed,
and sanctioning power.
Obtained data were analyzed using descriptive statistics, arithmetic mean and
percentages. The results showed that the application of the principle of
privilege of controls after the contentious-
administrative process has a significant influence on judicial processes
and has legal consequences. It is concluded that the Contentious-
Administrative Process is not applied efficiently in these courts, since the
administration in the exercise of its discretionary powers does not dictate acts that respond
in a fair, effective and timely manner
to the collective interest that it is trying to satisfy.
Key words: Principles; process;
contentious; administrative; legal
RESUMO
ado o arcabouço constitucional descrito, a consagração do Processo Contencioso Administrativo garante a proibição de restringir por meio
de regulamentação o direito dos particulares de questionar judicialmente as decisões administrativas; No entanto, a partir dessa perspectiva,
o objetivo da investigação foi analisar a aplicação do princípio do privilégio de controles posteriores ao processo contencioso-administrativo e suas
consequências jurídicas nos Tribunais Contencioso-Administrativos do Superior
Tribunal de Justiça de Lima. Esta investigação foi enquadrada metodologicamente
numa abordagem quantitativa, de tipo básico, com desenho não experimental,
transversal; Da mesma forma, foi utilizada uma amostra com amostragem não probabilística de 40 pessoas,
composta por 05 magistrados, 10 assistentes judiciais, 15 advogados especialistas e 10
professores universitários. a quem foi aplicado um questionário baseado no
princípio do privilégio dos controles posteriores, do processo contencioso-administrativo, da simplificação e celeridade processual e do poder sancionatório. Os dados obtidos foram analisados por meio de
estatística descritiva, média aritmética e porcentagens. Os resultados
mostraram que a aplicação do princípio
do privilégio dos controles após o processo contencioso-administrativo tem
influência significativa nos processos judiciais e traz consequências
jurídicas. Conclui-se que o Processo Contencioso Administrativo não é aplicado
de forma eficiente nestes tribunais, pois a administração no exercício de seus
poderes discricionários não dita atos que respondam de forma justa, eficaz e
tempestiva ao interesse coletivo que está tentando atender
satisfazer.
Palavras-chave: Princípios; processo; contencioso;
administrativo; jurídico
INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, dentro de las sociedades modernas, la administración pública se establece como un ente canalizador excelente de las perspectivas y necesidades sociales,
ya que es su eficacia, efectividad, respeto a la dignidad humana
y a las garantías individuales, permite que las personas que se aproximen
al Estado, ratifiquen
o duden sus sentimientos al momento de reconocer la legalidad hacia el sistema
(Chamarro, 2015). Por lo anteriormente expuesto, es preciso destacar
que, para asegurar
el acatamiento de las acciones
de la administración pública al derecho, se han creado los procesos contencioso administrativos y la misma jurisdicción ubicada en el poder judicial, lo que no descarta la previsión, el control, la fiscalización, la valoración y la proporcionalidad, entre otros, todas con
garantías de orden administrativo
(Quevedo, 2019).
A nivel internacional, Coello (2019),
afirma que la justicia contenciosa administrativa procura controlar la
legitimidad de la administración y con esto equilibrar el poder y libertad de las relaciones producidas entre las instituciones del Estado y los ciudadanos; además, en la realidad
procesal ese control generalmente se mira lejano
porque la tardanza
en los procesos judiciales
o impugnatorios, provoca
efectos que inciden
negativamente en los intereses y derechos de la
ciudadanía sometida a los efectos
de las acciones administrativas.
Esto, sin incumbir si han sido ajustadas al Derecho ya que, estas acciones de la administración, gozan de presunción de
legitimidad y ejecutoriedad, a pesar de que pueden ser objetadas en el contexto
judicial continuarán causando efectos, entre ellos el fracaso de las
presunciones de quienes ejercen la acción de la impugnación ya que al pasar el
tiempo y la prerrogativa del Estado en la ejecución de las actuaciones
administrativas podrían demostrar la ineficacia del proceso judicial,
transgrediendo de esta manera el acceso a una tutela judicial efectiva (Duran,
2020). Así, en el sistema chileno el control jurisdiccional al respecto del
contencioso administrativo cambió su paradigma a partir del artículo 38° de la
Constitución de 1980, y especialmente, desde la reforma del año de 1989, dejó
de ser un asunto problemático el de determinar
si los tribunales ordinarios son aptos o no para controlar la Administración,
por lo la doctrina le asigna una
competencia general y residual a los tribunales ordinarios de justicia para
conocer de esta materia, además de la competencia especial en ciertos casos (Guzmán, 2019).
Por otra parte, en Colombia, la
reforma generó cambios importantes en el procedimiento
administrativo, que persiguen el efectivo cumplimiento al derecho del
debido proceso. Los cambios más notables
se observan en la introducción de nuevos principios, un mayor alcance
al derecho de petición, el orden del procedimiento administrativo
general y sancionatorio, como también, la aplicación de la jurisprudencia. El procedimiento administrativo surge como un aval
para proteger los derechos de los ciudadanos y la eficacia
en la realizar los mismos.
También, se circunscriben reglas específicas para dirimir los problemas
de competencia administrativa e impedir la dilación de las respuestas que esperan los ciudadanos (Duque y Martínez, 2011).
Es importante mencionar que el principio de privilegio de controles posteriores, aunque no se encuentra regulado de manera similar a la legislación peruana, existen otros principios que son
aplicados con el objetivo de establecer y proteger las garantías, transparencia, moralidad, esta última
examinada desde el conflicto de intereses y de sus causas de impedimento. Entre estos principios se encuentran: el debido procedimiento administrativo, principio de legalidad,
principio de Impulso de oficio,
principio de razonabilidad y el principio
de imparcialidad. Ahora bien, tal como se ha referido,
en el Perú el principio de privilegio de controles posteriores al proceso contencioso administrativo está relacionado con
el principio de presunción de veracidad, verdad material, y celeridad, concibiéndose que el control posterior
deba ser preferido
antes que los otros
medios de fiscalización, como los de control previo
o simultáneo (Guzmán,
2011).
En todos los órganos
de gobierno
nacional, regional o municipal, con los organismos constitucionalmente autónomos que desempeñan competencias públicas. se encuentra vigente el Principio de Privilegio de Controles Posteriores, por lo que su correspondencia lógica debe adoptar
los mecanismos de eficiencia y celeridad de fiscalización posterior, por lo que se
deben orientar exclusivamente a la fiscalización posterior,
con el propósito de amedrentar
la infracción al principio y al perjuicio al Estado. Por lo tanto,
se debe considerar que la sanción pecuniaria debe ser
asociada al ordenamiento jurídico administrativo, por
medio de una multa
administrativa, por figurar
un castigo al desleal administrado, que busca beneficiarse
de manera ilegal, violando la confianza de la Administración Pública. La prevención de estas
disposiciones tendrá un efecto disuasivo evidente, advirtiendo que estas medidas
ayudarán al reforzamiento del papel de las sanciones penales y administrativas actuales, también ayudarán al restablecimiento de la confianza en la correlación Administración – Administrado (Hinostroza, 2017).
Con relación al proceso contencioso administrativo, Chanamé (2009), expone
que es un proceso fundamentado en la norma contenida en el artículo 148 de la Constitución de Perú, el cual
consiente que un magistrado con función jurisdiccional reviva y falle un acto administrativo derivado por un
funcionario o un organismo de la administración pública. Por otro
lado, Cervantes (2004),
sostiene que le corresponde al Derecho Público determinar la competencia de las autoridades administrativas, e indicar a los administrados, los recursos contra
la violación de sus derechos.
Es función del Derecho Administrativo dictar las reglas o normas pertinentes
a la
función administrativa, además de fijar la colocación de las autoridades administrativas.
Al
respecto Cabrera y Quintana (2011)
alegan que el termino contencioso etimológicamente es contenderé, y de deriva
de cumi, que significa con y tendere,
lidiar, resistir, luchar,
cuestionar, disputar, Pero en términos
legales, la representa al reclamo o acción jurídica interpuesta cuando la
vía administrativa es agotada, para
finalizar la negación
o limitación del
derecho concreto que favorece
al demandante por una ley o una disposición administrativa.
En el Procedimiento Administrativo concurren dos sujetos para la formación
de la voluntad administrativa: un
interesado denominado técnicamente
administrado y la
administración pública
representada por la autoridad, de tal manera que el primero tiene todo el derecho que la ley le franquea a fin de recurrir a la entidad
pública a efecto que extraprocesalmente le haga
valer una petición
y la obligación de esta última
de emitir un pronunciamiento conforme a lo que norma administrativa así lo prevé. En tal sentido, el Poder Judicial
por medio de los órganos jurisdiccionales en materia
contenciosa administrativa, están
facultados por imperio
de la ley a controlar
los excesos que la administración pública pudiera
en uso de sus atribuciones exceder sus facultades de poder
y trasgredir los derechos de los administrados, corrigiéndose de ser así tales circunstancias, declarando en decisión motivada y por mandato de la ley el
reconocimiento de tales derechos (Morón,
2017).
De acuerdo con el Art. 1° de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo que tiene
por objetivo controlar
las actuaciones de la administración pública basado en el derecho administrativo y la efectiva tutela de los
derechos e intereses de los administrados. El propósito no solo es el respeto al orden señalado
en la Constitución Política, esto en virtud de que los
procesos constitucionales es garantizar la preponderancia de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales; es resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre jurídica de carácter administrativo, en pro de la paz social en justicia, previsto
en el Título Preliminar del Código Procesal
Civil (Cajas, 2015).
Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo
se justifica
desde la base teórica del proceso contencioso administrativo para lograr el aseguramiento del acatamiento de los actos
y acciones de la administración pública al derecho, de tal manera sea aplicado el principio
de privilegio de controles posteriores al proceso contencioso administrativo en los Juzgados Contenciosos Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima. Metodológicamente, se justifica el trabajo ya que se emplean métodos
e instrumentos de medición, que
cuando se valida y determina su confiabilidad, se podrán utilizar
para desarrollar las variables, desde diferentes
características o contextos
específicos. El objetivo
de la investigación fue analizar
la aplicación del principio
de privilegio de controles posteriores al proceso contencioso administrativo y sus
consecuencias jurídicas en los Juzgados
Contenciosos Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima.
MÉTODO
La investigación fue de tipo Básica,
con un enfoque cuantitativo, bajo el paradigma positivista. En relación con el diseño la investigación fue no experimental, sabiendo que se pretende con ello únicamente conocer,
sin manipulación alguna,
el comportamiento que poseen las variables. El
tratamiento del tema sólo se procuró determinar la manera de aplicar el principio de privilegio de ordenes posteriores al proceso contencioso administrativo y sus consecuencias jurídicas. La técnica utilizada
para la recogida de los datos fue la encuesta
y como instrumento se utilizó
el cuestionario estructurado, con un nivel de Likert, de 5 opciones de respuestas: Totalmente
de Acuerdo (5); De Acuerdo
(4); Neutral (3); En Desacuerdo (2); Totalmente en Desacuerdo (1).
Las dimensiones consideradas para la
elaboración del instrumento, fueron; para la variable: Aplicación del principio
de privilegio de controles posteriores al proceso contencioso administrativo,
principio de privilegio de controles posteriores, proceso Contencioso
Administrativo y Simplificación y Celeridad Procesal: para la variable
Consecuencias Jurídicas la dimensión
Potestad Sancionadora. La validez de cada uno de los instrumentos se encuentra
avalada por el juicio de expertos a través del cual evaluó la relevancia,
pertinencia y claridad a través de un conjunto
de tres expertos, la validez
alcanzo un total del 100%, superando así el
parámetro mínimo exigido del 88%. Para evaluar la confiabilidad del instrumento
utilizado en la investigación, se sometió a la consistencia interna, medida a
través del coeficiente de alfa de Cronbach, que permite medir el nivel de
fiabilidad de una escala a partir de las variables estudiadas, para el cual se
obtuvo un valor de 0.959, ubicándolo en un nivel muy alto de confianza.
Por otro lado, la población y muestra
considerada para el estudio estuvo conformado por cinco jueces, 10 docentes de
derecho, 15 asistentes judiciales que laboran en los Juzgados Contenciosos Administrativos y 10 abogados
especialistas en el tema. Para
el análisis estadístico los datos fueron procesados, a través del uso del software SPSS
STATISTICS versión 26.0,
luego de realizada la base de datos. Para medir las variables se utilizó
la estadística descriptiva, el promedio
aritmético y porcentajes. De igual manera los resultados son presentados en tablas estadísticas para analizarlos e interpretarlos.
RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
A continuación, se presentan los
resultados de acuerdo a los datos obtenidos para las variables y dimensiones, procesados por medio del programa
SPSS STATISTICS versión
26.0. Variable: Aplicación del principio de privilegio de controles
posteriores al proceso contencioso administrativo.
Tabla 1. Principio de privilegio de controles posteriores.
|
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje Valido
|
Porcentaje Acumulado
|
|
De Acuerdo
|
13
|
32,5
|
32,5
|
32,5
|
|
En Desacuerdo
|
2
|
5,0
|
5,0
|
37,5
|
|
Neutral
|
13
|
32,5
|
32,5
|
70,0
|
|
Totalmente de Acuerdo
|
12
|
30,0
|
30,0
|
100,0
|
|
Total
|
40
|
100,0
|
100,0
|
|
En la Tabla 1, se reflejaron los resultados al indagar sobre
la manera como es aplicado
el principio de privilegio
de controles posteriores al proceso contencioso administrativo en los Juzgados Contenciosos Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima; el 32. 5% de las personas encuestadas respondió en la opción de acuerdo, el 32,5% se mantuvo neutral, el 30% totalmente de acuerdo y el 5% en descuerdo.
Por los resultados obtenidos, se puede
inferir que las personas encuestadas consideran que al juez se le confiere
un poder suficiente para controlar los poderes
públicos, quien reconoce que el procedimiento administrativo está sustentado en principios, en los cuales debe guiarse
para solucionar las situaciones planteadas. Además, que las autoridades administrativas actúan
respetando la Constitución al momento de
aplicar el principio de controles posteriores; comprueba la veracidad de la información
presentada, cumple con las normas
y aplica las sanciones pertinentes en caso que la información
presentada no sea veraz.
Tabla 2. Proceso contencioso administrativo.
|
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje Valido
|
Porcentaje Acumulado
|
|
De Acuerdo
|
20
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
En Desacuerdo
|
12
|
30,0
|
30,0
|
80,0
|
|
Neutral
|
8
|
20,0
|
20,0
|
100,0
|
|
Totalmente de
Acuerdo
|
40
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Total
|
40
|
100,0
|
100,0
|
|
De lo expuesto se tiene según la Tabla 2, se encuentran contenidos la información recolectada al aplicar
la encuesta para evaluar en qué medida
la aplicación del principio de privilegio de controles posteriores
al proceso contencioso
administrativo en vía
judicial viabiliza la simplificación y celeridad del proceso a favor de las partes intervinientes, para las preguntas relacionadas con la dimensión
Proceso Contencioso Administrativo, se obtuvo que el 50% de las personas eligió la alternativa de acuerdo, el 30%, se mantuvo neutral
y el 20%, eligieron totalmente de acuerdo. A través de las respuestas dadas por las
personas encuestadas, se puede
deducir que el juez, al momento de resolver un determinado conflicto, advierte un defecto
o un vacío en la Ley, aplica
los principios del derecho administrativo, los administrados recurren
al órgano jurisdiccional con la finalidad de que el juzgador actúe imparcialmente, el juez en el Proceso Contencioso Administrativo exige
el agotamiento de la vía previa; las partes procesales se ajustan a los requisitos que la ley establece para postular la demanda y consideran que el
juez debe valorar los derechos
humanos al momento
de emitir la resolución final
y el juez facilita el proceso
para hacerlo eficiente
y eficaz a los intereses
de los administrados.
Tabla 3. Simplificación
y celeridad procesal.
|
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje Valido
|
Porcentaje Acumulado
|
|
De Acuerdo
|
17
|
42,5
|
42,5
|
42,5
|
|
En Desacuerdo
|
17
|
42,5
|
42,5
|
85,0
|
|
Neutral
|
4
|
10,0
|
10,0
|
95,0
|
|
Totalmente de Acuerdo
|
2
|
5,0
|
5,0
|
100,0
|
|
Total
|
40
|
100,0
|
100,0
|
|
En
la Tabla 3 están contenido los resultados de la encuesta
al evaluar en qué medida
la aplicación del principio de privilegio de controles posteriores al proceso contencioso administrativo en vía judicial viabiliza la simplificación
y celeridad del proceso a favor de las partes intervinientes, para las preguntas relacionadas con la dimensión
Simplificación y celeridad
procesal, se obtuvo
que el 42.5% estuvo de acuerdo, pero otro 42.5%
estuvo en desacuerdo, mientras que el 10%,
se mantuvo neutral y el 5% respondió en la opción totalmente de acuerdo. De las
respuestas dadas por las personas encuestadas, se infiere que la mayoría
consideran que al aplicar el principio de privilegio de controles posteriores
no se cumple con establecer de manera breve
la audiencia; el Poder Judicial no cuenta con suficiente personal
administrativo para proveer oportunamente los documentos de las partes o
requerimientos fiscales; el Estado no invierte en la capacitación adecuada de
su personal, para evitar retrasos en un proceso judicial; no se realizan las notificaciones a las partes
de manera oportuna y el Poder Judicial no hace uso de los medios tecnológicos adecuados para comunicarse con las partes
intervinientes en un caso.
Tabla 4. Potestad sancionadora.
|
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
Porcentaje Valido
|
Porcentaje Acumulado
|
|
De Acuerdo
|
8
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
Neutral
|
1
|
2,5
|
2,5
|
22,5
|
|
Totalmente de Acuerdo
|
31
|
77,5
|
77,5
|
100,0
|
|
Total
|
40
|
100,0
|
100,0
|
|
Se tiene en la Tabla 4 contiene los resultados al indagar por medo de la encuesta,
sobre las consecuencias jurídicas que se pueden
derivar por la contravención al principio de privilegio de
controles posteriores, a lo que respondieron en un 77.5%
en la opción de respuesta totalmente de acuerdo, 20% en la opción de acuerdo y el 2.5% neutral. Estos
resultados permiten deducir
que las personas encuestadas
están de acuerdo de que
la administración pública impone sanciones a través de un procedimiento administrativo, siguiendo las normas pautadas
para ese fin; el juez solicita
sanciones de las personas que han actuado
de modo inapropiado, mala fe,
planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y cuando falten a los deberes señalados
por la ley; al momento
de imponer una
multa, el Juez
la pondera de manera debida
para no ocasionar angustias económicas excesivas; considera
que los delitos contra la
fe pública causan un perjuicio objetivo y la sanción de destitución de un cargo
judicial o público de un abogado
es procedente cuando los hechos que la motivaron afectan su
condición de persona formada en Derecho y la juridicidad.
Discusión
Al analizar las respuestas de la encuestas realizadas a la muestra considerada en la investigación, estas respondieron mayoritariamente que están de acuerdo
que los administrados recurren
al órgano jurisdiccional con la finalidad de que el juzgador actúe imparcialmente, las partes procesales se
ajustan a los requisitos que la ley establece para postular la demanda, también
son conocedores de que el juez posee las facultades otorgadas por la ley para
darle solución a la controversia de los casos, teniendo como propósito
controlar jurídicamente los derechos e intereses de los administrados;
considerando que existe un vacío en la ley, al aplicar los principios del derecho
administrativo y que el juez no valora
los derechos humanos
al momento de emitir la
resolución final.
Coincidiendo estos resultados con la opinión
de Santofimio (2017),
quien sostiene que el proceso contencioso administrativo instaura una relación
jurídica que se establece del ejercicio del derecho de un sujeto, solicitado al Estado que, se enuncie sobre una incertidumbre jurídica,
basada en acciones de la administración. Tiene como propósito
el control legal de los actos y resoluciones de la Administración Pública y la protección de los derechos
de los administrados cuando han sido afectados
por la actuación de la Administración Pública.
De igual manera, las personas
encuestadas alegaron mayoritariamente que están de acuerdo que para aplicar
el principio de privilegio de controles posteriores se debe establecer de manera breve la audiencia, en cambio consideran que el Poder
Judicial no cuenta
con suficiente personal administrativo para proveer
oportunamente los documentos de las partes o requerimientos fiscales, tampoco
hace uso de los medios tecnológicos adecuados para comunicarse con las partes
intervinientes en un caso; además,
el Estado no invierte en la capacitación adecuada de su personal.
Estos resultados están en
coordinación con lo expuesto por Jarama, Vásquez y Durán (2019), quienes consideran que la celeridad involucra el
cumplimiento de los plazos en estrictamente, la promoción de los actos
procesales y la realización de estos actos de manera oportuna. Es por ello que la ley se instaura normas
con la finalidad de reprimir la prórroga innecesaria de los plazos, así
como también, eliminar los trámites innecesarios en el proceso. Así, el principio de celeridad no es un simple concepto, porque está al servicio de la justicia, la cual se establece
cuando el conflicto se resuelve en un tiempo corto, restableciéndose la paz
social y la subsanación oportuna al
agraviado, por lo que se puede resaltar que la justicia tardía no es justicia.
Al indagar sobre las
consecuencias jurídicas procedentes por la violación
al principio de privilegio de controles posteriores, a través de la
dimensión potestad sancionadora,
las
personas encuestadas respondieron en su mayoría que
la administración pública impone sanciones a través de un procedimiento administrativo, siguiendo las normas pautadas para ese
propósito, el juez solicita sanciones de las personas
que han actuado
de modo inapropiado,
mala fe, plantean solicitudes dilatorias
o maliciosas y cuando falten a los deberes señalados
legalmente, consideran que los delitos
contra la fe pública
causan perjuicio y que la suspensión de un cargo público de un abogado
procede cuando los
hechos afectan la condición de persona
formada en Derecho.
Estos resultados concuerdan con la
opinión de Quiroga y Arévalo (2013), quienes afirman
que las consecuencias jurídicas son las penas, medidas accesorias,
medidas de seguridad y los
compromisos civiles derivados del delito. La pena es una expresión de la imposibilidad irremediable del derecho. El
ius puniendi es la potestad de imputar que se cumplan las penas a las personas que han realizado
comportamientos ilícitos en la ley penal. Es un derecho que tiene su origen en la relación jurídica entre el Estado y el
imputado en virtud de que tiene derecho a imponer
una pena o medida y aquél a sufrirla.
CONCLUSIONES
Referente a la aplicación
del principio de privilegio de controles posteriores al proceso contencioso
administrativo y sus
consecuencias jurídicas en los Juzgados
Contenciosos Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, se ha encontrado que este no es aplicado de manera eficiente
en estos juzgados, ya que la administración en ejercicio de sus facultades discrecionales no dicta
actos que responden de manera oportuna, justa y eficaz
a los intereses colectivos a quienes debe
satisfacer. El principio de privilegio de controles posteriores
al proceso contencioso administrativo
en los Juzgados Contenciosos Administrativos de la Corte
Superior de Justicia
de Lima, es aplicado según la Ley del Procedimiento Administrativo General, el principio de privilegio de controles posteriores, se deben tramitar los procedimientos
administrativos sustentados en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándole a la autoridad administrativa, el
derecho de comprobar si la
información presentada es veraz. La aplicación del principio de privilegio
de controles posteriores
al proceso contencioso
administrativo en vía judicial viabiliza
la simplificación y celeridad del proceso a favor de las
partes intervinientes.
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