Volumen 4, No. 13,
julio - septiembre 2021
ISSN: 2631-2735
https://doi.org/10.33996/revistalex.v4i13.86
Páginas 236 - 244
https://revistalex.org
Intervención del Estado frente
al derecho fundamental del acceso al agua potable
State intervention against the fundamental right of access to drinking wáter
Intervenção estatal contra o direito
fundamental de acesso à água potável
Duval Pandal
Campos
https://orcid.org/0000-0001-5631-738X
Universidad
César Vallejo, Lima-Perú
Edward Ronald Pandal Campos
https://orcid.org/0000-0001-6252-3737
Universidad
César Vallejo, Lima-Perú
Artículo recibido en abril 2021 | Arbitraje en mayo 2021
| Aceptación en junio 2021 | Publicación en julio 2021
RESUMEN
Ante la existencia de brechas
de desigualdad y una ineficiente gobernanza del recurso hídrico a pesar del
reconocimiento del acceso al agua como un derecho fundamental prescrito en la
Constitución, muchos habitantes, principalmente la población rural,
carecen o simplemente
no cuentan con un abastecimiento adecuado
de este recurso, que
es esencial para
una asegurar la
calidad de vida
y su desarrollo
económico. El presente
estudio tiene por objetivo analizar la intervención del Estado frente a
los derechos fundamentales al agua potable. La metodología está compuesta por
una revisión bibliográfica de artículos publicados sobre la temática de
estudio. El análisis permite concluir que el Estado peruano articula la
participación de los
diferentes actores estratégicos habiendo generado la
concientización, inclusión de las comunidades campesinas mediante la aplicación
de políticas públicas basadas en las normas ambientales de manera igualitaria e
integral y que para una administración garantista, eficiente y eficaz del recurso
hídrico, es necesario que exista un punto de convergencia en las metas de los
diferentes actores estratégicos y niveles de administración del agua potable
para mejorar la accesibilidad.
Palabras clave: Derecho
fundamental; Derecho de acceso al agua; Gobernanza
ABSTRACT
Given the existence of inequality gaps and inefficient governance of
water resources despite the recognition of access to water as a fundamental
right prescribed in the Constitution, many
inhabitants, mainly the
rural population, lack or simply do not have an adequate supply of this
resource, which is essential to ensure quality of life and economic
development. The purpose of this study is to analyze the intervention of the
State in relation to the fundamental rights to drinking water. The methodology
consists of a bibliographic review of articles published on the subject of the
study. The analysis allows concluding that the Peruvian State articulates the
participation of the different strategic actors having generated awareness,
inclusion of the rural communities through
the application of public policies based on the environmental norms in
an egalitarian and integral way and that for a guaranteeing, efficient and
effective administration of the water resource, it is necessary that there is a
point of convergence in the goals of the different strategic actors and levels
of administration of drinking water to improve accessibility.
Key words: Fundamental right; Right of
access to water; Governance
RESUMO
Dada a existência de lacunas de desigualdade e governança ineficiente dos
recursos hídricos, apesar do reconhecimento do acesso à água como um direito
fundamental prescrito na Constituição, muitos habitantes, principalmente a
população rural, carecem
ou simplesmente não
têm um abastecimento
adequado deste recurso, o que é essencial para garantir a
qualidade de vida e
o desenvolvimento econômico.
O objetivo deste
estudo é analisar a intervenção
do Estado em relação
aos direitos fundamentais
à água potável.
A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica de
artigos publicados sobre o tema do estudo. A análise nos permite concluir que o
Estado peruano articula a participação dos
diferentes atores estratégicos
tendo gerado consciência,
inclusão das comunidades rurais através da aplicação de políticas
públicas baseadas em normas ambientais de forma igualitária e integral e que,
para uma administração garantida, eficiente e eficaz do recurso hídrico, é
necessário que haja um ponto de convergência nos objetivos dos diferentes
atores estratégicos e níveis de administração da água potável, a fim de
melhorar a acessibilidade.
Palavras-chave: Direito fundamental; Direito
de acesso à água; Governança
INTRODUCCIÓN
A pesar de existir abundantes
cantidades de agua, no toda es apta para satisfacer las necesidades básicas humanas
incluida su consumo,
existiendo una escasez
constante en ciertos
sectores de la población, siendo el peor de los casos un acceso nulo a este recurso,
los obstáculos a los cuales
se afronta ésta problemática son diversas, entre las que destacan el alto costo
de la infraestructura para su extracción y distribución más aún
en comunidades de zonas rurales las cuales representan el 31,4% de la población total a nivel mundial, ante esta
circunstancia las autoridades han soslayado el problema, ignorando la vital importancia de este recurso para la salud y
la vida. Al respecto la Organización de las Naciones
Unidas y la Organización Mundial
de la Salud, mencionan que la carencia
o un acceso limitado al agua potable
puede aumentar el
riesgo de contraer enfermedades como cólera, tifoidea,
salmonelosis, enfermedades víricas
gastrointestinales, tracoma, peste, tifus e incluso llegar a ser mortales, resaltando
el porqué es necesario que se proteja,
respete y garantice el derecho a disfrutar del acceso al agua potable
de calidad (Bermúdez
y Sedano, 2010).
El agua es un recurso finito,
por ende, es necesario que se concientice su uso racional
y se generen políticas
públicas por parte del Estado que lo propicien, mediante métodos efectivos como el reciclaje del agua, la efectividad de dichas medidas
garantizará el suministro del recurso para las
generaciones futuras. Es importante que se establezca como objetivo un abastecimiento eficaz del agua potable
mediante políticas públicas a cargo de los actores
estratégicos, para un
manejo sostenible de las diferentes
cuencas hídricas, con la finalidad de que las personas tengan
acceso al agua potable de manera progresiva y universal según lo
establecido en las normas que la regulan (Pliego y Guadarrama, 2019).
Los Estados conformantes de las
Naciones Unidas deben implantar políticas públicas estatales, normas y la
conveniente jurisprudencia para
conducir apropiadamente el contrataste entre
el índice de la cantidad
de agua que se dispone
con el índice de consumo
mínimo y que estos se armonicen adecuadamente con el mantenimiento del
medio ambiente, el incremento de la salubridad, manejo adecuado de los ecosistemas y el acceso sin discriminación al agua potable
(Sutorius y Rodriguez, 2015).
En el caso de Perú, si bien se
ha avanzado en la gestión del agua, aún subsisten desafíos como a afrontar como las inundaciones, la contaminación, las sequías y acceso universal
al agua potable
y el saneamiento; de acuerdo
a las cifras del sistema
de monitoreo de ONU- Agua del 2017, el
Perú no está en vías de alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) “Agua limpia y saneamiento” para 2030, ya que solo el 50% de la población tiene
acceso al servicio
de agua potable gestionado
de forma segura, existiendo tres millones de peruanos (9,2% de la población) que carecen de acceso a servicios de agua y 8,2 millones
(25, 2%) que carecen de acceso a servicios de alcantarillado (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, [OCDE], 2021).
El Estado como una entidad
tutelar de la nación, mantiene como una de sus obligaciones establecidas en la Constitución garantizar
a toda su población el acceso a un servicio del agua potable con
los estándares de
calidad pertinentes, teniendo
en consideración que el desafío de hacer frente al
mantenimiento de la salud pública, disminución de la pobreza, conservación del medio ambiente y el promoción del
desarrollo económico quienes se lograran a través de una reforma
del sistema de
prestación de servicios
de agua potable,
emprendimiento equivalente a los países de Sudamérica (Oblitas De Ruiz, 2018).
En la última década, el Perú ha
consolidado su marco institucional y legal de políticas referidas al recurso hídrico, la Política de Estado reconoce que
el agua es de dominio público y un
derecho humano fundamental a su acceso y al saneamiento, asimismo, considera que la gestión integral de los
recursos hídricos es vital para poder garantizar el uso equitativo
y sostenible en
todo su territorio.
A pesar de
ello, su implementación es lenta, debido a las grandes brechas existentes en la
gobernanza que no permiten consolidar lo planteado en dichos documentos (OCDE, 2021).
Los derechos fundamentales tienen
la siguiente composición: deben ser subjetivos, es decir,
pueden
representar expectativas positivas como
el
derecho
a
la
educación o negativas como el derecho
a la vida, en la medida en que este es inviolable, deben corresponden
a todos los ciudadanos (Ferrajoli, 2009). El derecho
al agua es un derecho fundamental dentro
de la categoría de un derecho social,
o según Arango (2012), es un
derecho social fundamental, esta afirmación se sustenta en la implicancia de
una prestación económica del Estado para poder acceder a ellos, pasando
a ser programas o directrices que debe realizar el Estado para
convertirse en derechos que debe garantizar y que son exigibles por vía de acción de tutela (Dworkin, 2014).
El acceso, uso y empleo del
agua potable concerniente al bien común, es considerado como un recurso
que no puede renovarse, requiriéndose la integración de factores económicos, políticos, culturales, sociales y ambientales, a fin de permitir que, la persona
humana acceda adecuadamente a este derecho
fundamental
del
agua
potable,
siendo el Estado responsable de garantizar esta prioridad a la población urbana y rural sin discriminación (Burstein, 2017).
Es necesario materializar efectivamente este derecho fundamental, ya que concretizarlo trae consigo diferentes problemáticas que deben
ser
afrontadas
por
el
Estado,
tales
como: el uso racional de este recurso finito, su
disponibilidad, la identificación de situaciones que ponen en peligro su disposición, como por ejemplo
la minería, el costo económico y accesible y el excesivo
centralismo en la toma de
decisiones, tal es el caso
de Colombia, que recientemente, luego de un conflicto
armado, materializó el reconocimiento de éste derecho
en la Corte Constitucional, a pesar de ello, aún existe poca acción política
enfocada a garantizar este derecho (Sánchez,
2019).
En base a lo mencionado
anteriormente, centrándose en la importancia de la intervención del Estado y su ineficiente gestión del recurso
hídrico, la deficientes políticas y Entidades Prestadoras de Servicio
poco efectivas, que originaron la crisis en la gestión
o gobernanza del agua, los
cuales afectan directamente el derecho fundamental a su acceso, hallados especialmente en los países
latinoamericanos; el presente artículo tiene la finalidad de analizar la intervención del Estado frente
a los derechos fundamentales al agua potable,
teniendo éste la responsabilidad del gobierno como actor principal
en la gestión
del agua, involucrar estructuras y reglas
formales e informales para su acceso,
distribución y conservación del recurso.
Se realizó un estudio bajo una
revisión bibliográfica el cual tiene como finalidad analizar la intervención del Estado frente
a los derechos fundamentales de las personas
al acceso del agua potable,
buscando con ello identificar los factores esenciales que el Estado debe
considerar para una mejor gobernanza de este recurso, de acuerdo a Vidal, Oramas y Borroto (2015). El procedimiento seguido en la presente
investigación fue: 1) Selección de artículos, 2) Identificación de artículos relevantes y acordes al tema de estudio, 3) Síntesis de la
información sobre la temática, 4) Agrupación de artículos con información semejante e 5)
Identificación de los factores esenciales asociados al estudio del tema.
Al inicio se eligieron 65
artículos mediante la clasificación bibliográfica para el cual se llevó un registro
mediante la aplicación Excel, clasificando por año, temática
resultados. La búsqueda se
llevó a cabo en las bases de datos como Scopus, Scielo, Ebsco, entre otras. Para la indagación de los
artículos divulgados, se emplearon las siguientes palabras clave Intervención del Estado y acceso al agua
potable,
luego
de
eliminar 35 fuentes duplicadas se seleccionaron 8
artículos que cumplen con los siguientes criterios de selección información relacionada con el tema
a
investigar,
calidad
de información, relevancia y especialidad de las revistas indexadas, rigurosidad
de
los estudios, antigüedad no mayor a diez
años, de idioma inglés y/o español, los 20 artículos descartados no estaban
relacionados con el propósito del estudio o no cumplían
con el rigor
científico. La información fue organizada en una matriz,
luego se seleccionó y agrupo los que tenían indagaciones y conclusiones semejantes
para el desarrollo, discusión y conclusiones finales
del artículo.
En referencia a los factores esenciales que el Estado
debe considerar para conceder los derechos fundamentales por el uso del agua:
Para Núñez y Valencia
(2020) a través
de un análisis de la política pública
colombiana, indica que el
Estado debe considerar los derechos de uso del agua en base a las formas comunitarias tradicionales de gestión de
agua, enfocándose así en los derechos humanos
para de esta manera proveer alternativas que permitan
equiparar
la
protección
de los intereses económicos de las empresas
tradicionales, con motivos
de protección social
y cultural de las formas
comunitarias de gestión
del agua; esto con el objetivo de proporcionar un marco en el que no
sean desconocidas las prácticas económicas y
tradicionales de las comunidades rurales en base al acceso al agua. Del
mismo modo, Pliego y Guadarrama (2019) mediante un análisis exploratorio de las peculiaridades en la gestión y
aprovisionamiento del agua en México, acota que la participación social y directa de las comunidades genera un mayor
involucramiento en su gestión del recurso hídrico
y, en consecuencia, se generan mayores probabilidades de una conducción efectiva,
por tanto, el estado debe
tomarlos en cuenta
como un factor
determinante para la concesión de derechos en su uso.
Mendoza (2016) en base a un estudio de la realidad
peruana incorpora un nuevo factor
a considerar, el cual viene a ser el servicio público. En este entra a
la discusión la incorporación de un nuevo
servicio público, en el que
el Estado figura
como garante. Este modelo permite
que el Estado sea el administrador
que requerirá invertir y reordenar la prestación del servicio de agua, y
además será el encargado
de gestionar los derechos de propiedad; finalmente este deberá procurar la universalidad de la prestación y la igualdad
de acceso al servicio. Lo cual se condice con los lineamientos expresados por Núñez
y Valencia (2020)
quienes suscriben que el Estado
deberá establecer órganos
de control y vigilancia de
los gestores comunitarios del agua, así como deberá considerar los requisitos diferenciales para conceder
licencias de uso de las cuencas hídricas y establecer controles
diferenciales en materia
de uso, distribución y calidad del agua.
De igual forma Sutorius y Rodríguez (2015), acota que la normativa de un
Estado es el factor más importante a considerar en las concesiones de uso de agua, y que al ser de vital importancia para los intereses
humanos debe estar correctamente normado
en el orden jurídico interno,
para ello deberá
valerse de la jurisprudencia como de las normas en derechos humanos.
Entonces, Burstein
(2017) basándose en un análisis del manejo de cuencas en Perú, propone
una intervención del
Estado frente a los derechos
por el uso
del agua basado en
una gestión integral de los recursos hídricos, la cual abarca otros subfactores como la seguridad
hídrica, energética y alimentaria; ya que la complejidad en el manejo de este recurso
y
su
combinación
con
otros
sistemas
demandan
de
formas
alternativas e innovadoras para su gestión;
en esta el especio de referencia viene a ser la cuenca hidrográfica, la cual incorpora
la complejidad, permitiendo una gestión del agua eficiente
y concertada. Este es un proceso que estimula el desarrollo y manejo
planificado del agua, la tierra y demás sistemas
relacionados, con el objetivo de maximizar el bienestar social
y económico, sin comprometer los ecosistemas vitales.
En este sentido Echeverría y Anaya (2018),
tomando como base las disposiciones hechas por Organización de las Naciones Unidas y la realidad colombiana,
propone abordar el ordenamiento y gestión del recurso
hídrico en base
a factores como
la calidad del agua y su cobertura, ya que estos
autores consideran al
agua como un
derecho humano y,
por tanto, se
deberá asegurar su disponibilidad, cobertura y calidad. En
ese mismo sentido, Rodríguez y Moreno (2019)
sugiere respecto a la gestión
del agua, que
los factores cobertura,
calidad del agua, gestión y
actores involucrados son
determinantes para determinar
los derechos por el uso del agua.
Por otro lado, Marín (2020) a
través de un análisis a la propiedad nacional, propiedad hídrica y derechos
de agua en México, desestima el factor económico como único factor
a tener en consideración en
el otorgamiento de
permisos para uso
y explotación del agua, ya que genera una acumulación oligopólica de los derechos del agua, y esta acumulación se da por los usuarios
con mayor influencia política, capacidad económica y vos pública, incluso este acaparamiento
se da para los usos más rentables del agua; situación que desfavorece la disponibilidad de este recurso debido a la extracción intensiva del agua subterránea y la
contaminación de aguas superficiales. La inclusión de solo este factor, acota
el autor, privilegia
el desarrollo de
proyectos extractivos, que con frecuencia disputan las aguas con los núcleos agrarios
y las aguas comunitarias de las poblaciones indígenas.
El derecho fundamental al agua potable
de toda persona integrante de
la sociedad, sin exclusión
de clases, prescrito taxativamente en la Constitución Política del Perú, es un derecho que en la práctica no se da,
debido a que se presume una gobernanza ineficiente, carencia de medios, condiciones ambientales, corrupción y falta
de concientización de los actores estratégicos.
Una gestión integral, eficiente
y eficaz de los recursos hídricos requiere de una participación convergente de los
diferentes actores estratégicos de
la sociedad, dentro de ellos se destaca la
concientización como un factor fundamental, así como la afirmación y reconocimiento del derecho fundamental al agua,
La gobernanza es un factor
relevante para que el Estado pueda articular los diferentes niveles
de la administración del agua potable asegurando
su accesibilidad, calidad, cantidad
y costo, del mismo modo, la existencia de una jerarquía institucional, normas ambientales, lucha frontal contra la
corrupción, para la aplicación de políticas públicas de gestión de las EPS, asimismo, la administración del recurso
hídrico debe realizarse de manera solidaria, integral e igualitaria sin distinciones económicas y sociales,.
La inclusión de los comités
comunitarios en el sistema de gestión integral de recursos hídricos es necesaria para una
administración eficiente y eficaz de los grupos sociales minoritarios,
incluyendo a las
comunidades campesinas y
rurales como sujetos
colectivos para estructurar
políticas públicas de Estado, así como, la estructuración convergente de las metas de los diferentes actores estratégicos
para
una
administración
garantista eficiente
y eficaz.
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