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https://revistalex.org Volumen 7, No. 26, octubre-diciembre 2024 ISSN: 2631-2735 Páginas 1129 – 1141
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La muerte cruzada en la Constitución del 2008: el caso durante la presidencia de Guillermo Lasso
Crossed death in the 2008 Constitution: the case during the presidency of Guillermo Lasso
Morte cruzada na Constituição de 2008: o caso durante a presidência de Guillermo Lasso
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María Vargas https://orcid.org/0009-0004-2207-469X
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Jorge Jaramillo https://orcid.org/0000-0003-2515-5706
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Universidad Bolivariana del Ecuador. Durán, Ecuador
Artículo recibido el 22 de agosto 2024 / Arbitrado el 26 de septiembre 2024 / Publicado el 25 de octubre 2024
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RESUMEN
La "muerte cruzada" es un mecanismo constitucional introducido en la Constitución de Ecuador de 2008 que permite la disolución simultánea del poder ejecutivo y legislativo. El objetivo de estudio es explicar la incidencia económica, política y social de la muerte cruzada como figura jurídica de la Constitución del 2008, a través de su implementación como estrategia política en el gobierno de Guillermo Lasso. El enfoque es cualitativo, bajo una metodología jurídica, paradigma interpretativo, hermenéutico. Como técnica se utilizó revisión documental. Los resultados revelan que la implementación de la "muerte cruzada" fue precedida por un escenario de marcada inestabilidad institucional. Las conclusiones resaltan los desafíos que implicó esta figura política, para la gobernabilidad, la negociación política crucial que vino después de la muerte cruzada, la Inestabilidad política que generó, así como la otra cara, en cuanto a lo positivo, como el fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos y la Importancia de la mediación y el consenso.
Palabras clave: Constitucional; Cruzada; Inestabilidad; Muerte; Política
ABSTRACT
The “cross death” is a constitutional mechanism introduced in the Constitution of Ecuador of 2008 that allows the simultaneous dissolution of the executive and legislative power. The objective of the study is to explain the economic, political and social impact of the cross death as a legal figure of the Constitution of 2008, through its implementation as a political strategy in the government of Guillermo Lasso. The approach is qualitative, under a legal methodology, interpretive paradigm, hermeneutic. Documentary review was used as a technique. The results reveal that the implementation of the “cross death” was preceded by a scenario of marked institutional instability. The conclusions highlight the challenges that this political figure implied for governability, the crucial political negotiation that came after the cross death, the political instability that it generated, as well as the other side, in terms of the positive, such as the strengthening of the system of checks and balances and the importance of mediation and consensus.
Keywords: Constitutional; Crusade; Instability; Death; Politics
RESUMO
A “morte cruzada” é um mecanismo constitucional introduzido na Constituição do Equador de 2008 que permite a dissolução simultânea dos poderes executivo e legislativo. O objetivo do estudo é explicar a incidência econômica, política e social da morte cruzada como figura jurídica da Constituição de 2008, por meio de sua implementação como estratégia política no governo de Guillermo Lasso. A abordagem é qualitativa, sob uma metodologia jurídica, paradigma interpretativo, hermenêutico. Utilizou-se como técnica a revisão documental. Os resultados revelam que a implementação da “morte cruzada” foi precedida por um cenário de acentuada instabilidade institucional. As conclusões destacam os desafios que esta figura política implicou para a governabilidade, a negociação política crucial que veio após a morte cruzada, a instabilidade política que gerou, bem como o outro lado, em termos de aspectos positivos, como o fortalecimento do sistema de freios e contrapesos e a importância da mediação e do consenso.
Palavras-chave: Constitucional; Cruzada; Instabilidade; Morte; Política
INTRODUCCIÓN
La "muerte cruzada" es un mecanismo constitucional introducido en la Constitución de Ecuador de 2008 que permite la disolución simultánea del poder ejecutivo y legislativo. Este mecanismo se activa cuando el presidente considera que la Asamblea Nacional ha usurpado funciones o ha obstruido el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, o en situaciones de grave crisis política. La figura se ha convertido en un tema relevante para el análisis político en América Latina, especialmente tras su primera aplicación por el presidente Guillermo Lasso en 2023, quien invocó este mecanismo en un contexto de crisis política y un intento de juicio político en su contra. Según el artículo 148 de la Constitución, esta medida busca evitar períodos prolongados de inestabilidad política y permite al electorado decidir sobre ambos poderes mediante elecciones anticipadas (Dikasteria, 2023).
En este sentido, la muerte cruzada plantea interrogantes sobre su impacto en la gobernabilidad y la estabilidad democrática. Algunos autores sugieren que este mecanismo podría ser visto como una forma de parlamentarización del presidencialismo, permitiendo a un presidente en dificultades evitar una destitución inminente. Al respecto, Juan Linz (1990) señala que las crisis presidenciales son a menudo consecuencia de fallas estructurales en el diseño institucional del presidencialismo, lo que refuerza la necesidad de analizar cómo la muerte cruzada puede influir en la dinámica del poder en Ecuador y su relación con otros sistemas políticos en la región.
En Ecuador, se lleva a cabo un análisis y reflexión sobre su institucionalidad, con el objetivo de lograr un Estado pacífico y armónico. A lo largo del tiempo, el Derecho Constitucional ecuatoriano ha experimentado diversas modificaciones de índole política y social, dando lugar a nuevas figuras constitucionales. Sin embargo, los intentos mal ejecutados para encontrar este equilibrio han llevado a la ausencia del Estado y a su fallo, evidenciados por un sector público ineficiente, instituciones débiles y en decadencia, así como por una polarización política y escándalos de corrupción interna. Este panorama ha tenido un impacto significativo en la historia ecuatoriana sobre todo a partir de los hechos del contexto de investigación en el año 2023 hasta la fecha actual. Es destacable que la propuesta de disolución de la Asamblea Nacional, planteada por sus propios creadores y acusadores, se presenta como una necesidad con una profunda intención política más que jurídica. Argumentan que su objetivo primordial es buscar una correcta estabilidad o seguridad política en el Estado ecuatoriano (Quezada, 2023).
Según la jerarquía normativa propuesta por Kelsen (2020), la Constitución se considera como la norma suprema, lo que implica que todas las leyes y disposiciones normativas derivan de ella. Es esencial que estas normas mantengan coherencia tanto en su forma como en su contenido, y esto, a su vez, requiere que la norma fundamental esté en consonancia con los principios, derechos y estructuras constitucionales establecidos por el poder constituyente.
Es por ello que, la figura de disolución de la Asamblea, que es potestad del ejecutivo, aplicando el Artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) es una figura constitucional poco investigada y pormenorizada tanto en su naturaleza como en su creación, pues, al no tener ninguna normativa formada, y haciendo alusión a que es la primera vez que se ha aplicado frente a la amenaza del exceso de poder del legislativo, es decir, que ambas circunstancias son atentatorias a la estabilidad constitucional del Ecuador. En mayo de 2023, este artículo fue implementado por primera vez durante el periodo presidencial. Este gobierno ha enfrentado críticas y ha mostrado bajos índices de desaprobación, con un 14% para el Ejecutivo y un 11% para la Asamblea. Como resultado, la credibilidad y eficiencia gubernamental han disminuido notablemente. En este sentido, las funciones más conflictivas son aquellas que generan controversia, como lo afirma Ander-Egg (1995) el conflicto es un proceso social en el cual dos o más personas o grupos contienden.
En este contexto, se convocan elecciones anticipadas (Consejo Nacional Electoral, 2023) para elegir al presidente y a los asambleístas. Estas elecciones presentan particularidades relacionadas con la inestabilidad política y social, caracterizadas por la omisión de ciertas formalidades constitucionales. Este enfoque irregular crea un desequilibrio en el mandato, siendo percibido como un mecanismo constitucional que reorganiza los poderes del Estado y pone fin legalmente a los plazos de mandato. Según Mella (2023) este proceso se interpreta como una caída, tanto del presidente, como del parlamento ecuatoriano, marcando un hito constitucional.
Con base en este contexto, en este trabajo de investigación, se explicará la incidencia económica, política y social de la muerte cruzada como figura jurídica de la Constitución del 2008, a través de su implementación como estrategia política en el gobierno de Guillermo Lasso.
En Ecuador, el ámbito del constitucionalismo político abarca una amplia gama de perspectivas, ya que las distintas corrientes políticas han llevado a la omisión de ciertas garantías constitucionales. El artículo que aborda la disolución de la Asamblea se convierte en un punto de confrontación directa entre las posturas políticas y constitucionales. En la actualidad, la lucha entre los diversos poderes del Estado ha generado conflictos, tanto en el ámbito jurídico como político, especialmente entre la jurisdicción parlamentaria y presidencial. Este fenómeno no se limita únicamente a Ecuador, sino que también se observa a nivel mundial, contribuyendo a la desestabilización de gobiernos, como señalan Flores y Chalco (2023).
De allí que, la decisión precipitada de la función ejecutiva resulta en obligar a los ciudadanos ecuatorianos a volver a las urnas prematuramente, generando gastos electorales adicionales. Esta acción se percibe como contraria a varios principios constitucionales, especialmente a una clara violación de los principios de normatividad y motivación establecidos en la carta magna. Además, la Asamblea Nacional parece forzar al presidente a activar este artículo principalmente por motivos políticos y rivalidades, lo cual cuestiona la aplicación justa y adecuada de este mecanismo de última instancia.
Aunque la Constitución de la República del Ecuador de 2008 (Artículo 148) contempla los escenarios en los cuales se puede activar dicho artículo, la falta de una respuesta concreta sobre qué constituye estos escenarios crea una incertidumbre jurídica. Esto conduce a una interpretación generalizada que contribuye a la inseguridad jurídica, ya que no hay una definición clara de los casos específicos en los que se puede aplicar este artículo. Esta estrategia legal y política se ha convertido en un enfrentamiento constante entre los distintos poderes, exacerbado por la profunda polarización política que afecta al país. La aplicación de esta táctica busca establecer un control sobre el Estado ecuatoriano mediante el choque de ideologías extremas. Se hace referencia a la sentencia interpretativa No. 002-10-SIC-CC (2010), que describe la disolución de la Asamblea como una muerte cruzada, una forma de equilibrio de poder en la que se busca estabilizar la influencia de uno en relación con el otro.
En este aspecto, se han registrado diversos precedentes, como el caso de la destitución del expresidente Lucio Gutiérrez. En esta situación, el Congreso se apoyó en una amplia controversia social y mediática relacionada con la corrupción. Estos eventos llevaron al poder legislativo a hacer uso de disposiciones constitucionales para remover al mandatario en cuestión. Desde la perspectiva del Congreso, este proceso representó la implementación de cambios constitucionales y el fortalecimiento de los principios democráticos, según lo expresado por Andrade y Vásquez (2018).
Sin embargo, en junio de 2022, también se registró un intento de destitución a través de manifestaciones de grupos de derechos en todo el país. Estas protestas surgieron en oposición al acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, marcando el inicio de un estallido social. La bancada Unión por la Esperanza lideró el intento de destitución del mandatario, basándose en el Artículo 130, inciso primero, de la Constitución. Sin embargo, este intento no tuvo éxito debido a la falta de mayoría simple en la Asamblea, como se señala el Diario La Hora (2022).
De igual forma, un episodio similar ocurrió en Perú en 2019, cuando el Presidente Vizcarra, mediante decreto, optó por disolver el Congreso debido a la falta de confianza en su grupo de magistrados, invocando el Artículo 134 de la ley suprema. Este acto fue respaldado por el decreto Supremo N° 165- 2019-PCM y fue considerado válido por el Tribunal Constitucional, a pesar de las críticas que surgieron en contra del presidente por posibles tendencias totalitarias, como señala el informe de Canaza (2020).
Asimismo, se observan opiniones divergentes en Ecuador con respecto a este artículo, discutiendo su validez como figura, si ha habido violación de la ley por parte del Presidente o la Asamblea, y si se trata de un instrumento político. La literatura académica sobre la disolución de funciones del Estado es limitada, ya que no se aplicaba desde la promulgación de la Constitución. El artículo sobre la disolución de la Asamblea Nacional establece que esta potestad es exclusiva del presidente, otorgada por el pueblo en el referéndum de 2008, pero no ofrece una explicación detallada de la figura jurídica. La Asamblea tiene la facultad de destituir al presidente por crisis política y conmoción interna, pero estas son imputadas solo a la presidencia y no a otras funciones del Estado.
En otras palabras, la existencia de una crisis política antes o después de la posesión del presidente no está necesariamente vinculada a acciones u omisiones del ejecutivo. No se han explorado, exhaustivamente, las posibles alternativas que podrían haber surgido frente a esta figura jurídica. El tema del juicio político se llevó a cabo sin respetar la legislación, ya que no se contaba con un informe favorable para iniciar un juicio político contra el ejecutivo. Esto constituyó una violación al principio de legalidad, fundamental para la seguridad jurídica, que es considerada la base de un sistema legal y tiene una gran influencia en las funciones del Estado, según lo establecido por Montecé (2019). En otras palabras, el juicio político se utilizó convenientemente para satisfacer los intereses del legislativo, socavando la democracia y el poder constituido. Este proceso adquirió rasgos puramente políticos, impidiendo cualquier reforma constitucional en beneficio de la sociedad ecuatoriana.
Desde una perspectiva constitucional, la posibilidad de que las dos principales funciones elegidas por vía electoral, el ejecutivo y legislativo, se reorganicen desde su origen, es decir, el voto popular, no aborda el problema subyacente: la calidad de los servidores públicos, como señalan (Andrade y Vásquez, 2018). Este mecanismo ahora se encuentra inmerso en un constante flujo de bombardeo mediático, en medio de una profunda crisis de legitimidad de las estructuras electorales. Como consecuencia, se vislumbra la posible reinstauración de la partidocracia, lo cual genera inquietudes significativas sobre una presunta conspiración política y anticonstitucional que requiere una evaluación seria y exhaustiva.
Los vacíos normativos relacionados con las causales de destitución y disolución presentan deficiencias de índole jurídica, que han sido abordadas de manera inconclusa. Estos vacíos normativos no solo generan lagunas legales, sino que también ponen de manifiesto una serie de arbitrariedades tanto por parte del poder ejecutivo como del parlamentario, al permitir que estas facultades de ambas funciones se rijan por criterios personales de quienes ocupan estos cargos. En este contexto, es imperativo examinar detenidamente esta figura a través del presente estudio, con el objetivo de asegurar un cumplimiento adecuado de las normas constitucionales.
En consecuencia, se propone analizar la viabilidad de una reforma constitucional del Artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, así como llevar a cabo un análisis de las facultades de la Asamblea Nacional en relación con las discrepancias contra la función ejecutiva. Estas discrepancias fueron el detonante para la activación de dicha figura, con la finalidad de contribuir a un equilibrio entre las funciones del Estado.
El problema abordado en la presente investigación se centra en la falta de eficacia en la disolución de la Asamblea Nacional, tal como se establece en el Artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, especialmente en su aplicación durante mayo de 2023. En este contexto, el objetivo de la investigación se enfoca en explicar la incidencia económica, política y social de la muerte cruzada como figura jurídica de la Constitución del 2008, a través de su implementación como estrategia política en el gobierno de Guillermo Lasso. De esta manera, se identifica como problema central la ineficacia experimentada en la disolución de la Asamblea Nacional según lo establecido en el artículo 148 durante mayo de 2023.
MÉTODO
La metodología de este estudio se centra en explicar la incidencia económica, política y social de la "muerte cruzada" como figura jurídica establecida en la Constitución de 2008, enfocándose en su implementación como estrategia política durante el gobierno de Guillermo Lasso. Para alcanzar este objetivo, se adoptó un enfoque cualitativo que permite una comprensión profunda de los fenómenos estudiados. La investigación se desarrolla bajo una metodología jurídica, utilizando un paradigma interpretativo y hermenéutico que facilita la interpretación de los textos legales y su contexto. Este enfoque es fundamental para desentrañar las implicaciones y consecuencias de la "muerte cruzada" en el escenario político ecuatoriano.
Igualmente, se llevó a cabo una revisión documental como técnica de recolección de información, que incluye el análisis de textos constitucionales, informes gubernamentales, artículos académicos y noticias relevantes. Esta revisión permite contextualizar la aplicación de la "muerte cruzada" dentro del marco jurídico ecuatoriano y evaluar su impacto desde diferentes perspectivas. Al abordar la materia desde un enfoque cualitativo y hermenéutico, se busca no solo describir los eventos relacionados con esta figura jurídica, sino también interpretar su significado y relevancia en el contexto político actual, así como sus repercusiones en la economía y la sociedad ecuatoriana.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
“La muerte cruzada” durante el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador ha dejado una serie de retos y desafíos futuros que el país deberá enfrentar y superar en los próximos años. Estos desafíos están relacionados con varios aspectos clave:
Contexto político
Análisis del contexto político en el que se aplica la "muerte cruzada", en este se incluye la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Se realiza una evaluación de cómo las dinámicas de poder influyen en la decisión de activar este mecanismo y su impacto en la gobernabilidad.
Contexto económico
Se examinan las repercusiones económicas derivadas de la "muerte cruzada", como la inversión extranjera y la estabilidad financiera en Ecuador.
Se debe reflexionar sobre cómo la incertidumbre política afecta el clima de negocios y las decisiones económicas a largo plazo.
Contexto social
Realizar las consideraciones sobre los efectos sociales, como la percepción pública sobre la legitimidad del gobierno y la cohesión social.
Analizar cómo las decisiones políticas influyen en las desigualdades sociales y en la participación ciudadana.
En cuanto al fortalecimiento Institucional
Se deben evaluar las medidas necesarias para fortalecer las instituciones democráticas tras la aplicación de la "muerte cruzada".
Es necesario reflexionar sobre el papel del Estado de derecho y la transparencia en la reconstrucción de la confianza ciudadana.
Necesidad de reformas
Identificar áreas del sistema político que requieren reformas para evitar futuras crisis, como modificaciones a los artículos relevantes de la Constitución.
Considerar cómo estas reformas pueden contribuir a una mejor relación entre los poderes del Estado y a una gobernabilidad más efectiva.
Análisis normativo
Implementar un análisis normativo sobre los límites y requisitos establecidos en la Constitución para activar la "muerte cruzada".
Se examinan si estos límites son suficientes para prevenir abusos de poder y garantizar un equilibrio entre los poderes del Estado.
Consideraciones sobre las perspectivas ciudadanas
Se deben incluir las opiniones y percepciones de diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana sobre la "muerte cruzada".
De igual forma, es importante evaluar cómo estas perspectivas reflejan el estado actual de confianza en las instituciones y el sistema político.
A continuación, se presenta una matriz de análisis (Tabla 1) que refleja los retos y desafíos futuros que enfrentó Ecuador tras la implementación de la "muerte cruzada" durante el gobierno de Guillermo Lasso:
Tabla 1. Retos y desafíos de la implementación de la “muerte cruzada”.
Discusión
El contexto que precedió a la implementación de la “muerte cruzada” se caracterizó por un profundo desorden institucional. La atmósfera de confrontación política, promovida por el bloque correísta en la Asamblea Nacional, impedía cualquier posibilidad de negociación. Su objetivo parecía ser derrocar al régimen y allanar el camino para el regreso al poder del expresidente Rafael Correa, relegando la lealtad a la democracia y sus normas a un segundo plano. La intervención del bloque mayoritario y sus aliados fue suficiente para acorralar a un Gobierno débil políticamente, como el del presidente Lasso, quien optó por activar la muerte cruzada ante su inminente destitución.
Inicialmente, parecía que la intención del presidente Lasso era cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea para legitimar su plan de gobierno y, eventualmente, concluirlo tras unas elecciones derivadas de la muerte cruzada. Sin embargo, tras cálculos políticos, Lasso y su partido CREO decidieron no participar en dichas elecciones. Esta decisión provocó un abrupto cierre del ciclo político, afectando a los actores de la mayoría que impulsaban la destitución.
Este desenlace aumentó la incertidumbre en un momento de deterioro institucional, donde el sistema debía conducir a un cambio de Gobierno y convocar elecciones adelantadas en 18 meses. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, dos días antes del debate entre los candidatos presidenciales, constituyó un ataque a la democracia y puso de manifiesto la presencia de la narcopolítica. La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de riesgo extremo, influenciado por la crisis del sistema de seguridad y la falta de control penitenciario.
Los asesinatos políticos de Javier Intriago, alcalde de Manta, y de Fernando Villavicencio, generaron una gran alarma y atención en el sistema político, alertando sobre la presencia de la narcopolítica y sus ramificaciones. Estos eventos tuvieron un impacto significativo en los resultados de la primera vuelta, confirmando la presencia del correísmo como la principal minoría en la nueva Asamblea Nacional. Sin embargo, también se evidenció la emergencia de nuevos actores, como el outsider Daniel Noboa y la candidatura de Cristian Zurita, sucesor de Villavicencio, así como las listas 25 del movimiento Construye, que se convirtieron en la segunda minoría en la próxima Asamblea, lo que definió una nueva configuración de fuerzas en el Parlamento.
A pesar de estos cambios, las elecciones no establecieron una clara mayoría ni una articulación efectiva entre las fuerzas políticas, y los efectos de la muerte cruzada no condujeron a una rearticulación significativa de las fuerzas políticas ni a un escenario favorable para soluciones consensuadas.
CONCLUSIONES
En relación a la situación de la “muerte cruzada”, sucedida durante la presidencia de Guillermo Lasso se evidenciaron desafíos para la gobernabilidad, ya que cuando el Presidente y la Asamblea Nacional están en manos de diferentes grupos políticos, puede resultar difícil alcanzar acuerdos y aprobar legislación. Esto llevó a su gobierno a un estancamiento legislativo y administrativo.
Asimismo, la capacidad del Presidente para negociar y llegar a consensos con otros partidos políticos se volvió crucial. Esto implicó la necesidad de coaliciones y alianzas para avanzar en la agenda gubernamental. A pesar de los desafíos, la muerte cruzada también puede fortalecer el sistema de pesos y contrapesos al obligar a la negociación y al diálogo entre los diferentes poderes del Estado.
Igualmente, la muerte cruzada contribuyó a la inestabilidad política en el gobierno de Lasso, y en el Ecuador en sí, ya que no se manejó adecuadamente. La incertidumbre sobre la aprobación de leyes y políticas afectó la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica. Durante períodos de muerte cruzada, la mediación y la búsqueda de consenso se vuelven esenciales para evitar crisis políticas mayores y mantener la estabilidad institucional.
CONFLICTO DE INTERESES. Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.
REFERENCIAS
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Andrade, C y Vásquez, C. (2018). Transición no significa continuidad. Apuntes para discutir la coyuntura ecuatoriana. https://acortar.link/nrAB0V
Canaza, F. (2020). El último día del presidente Martín Vizcarra, Perú 2020: Perder la corona y el poder en un final turbulento. Revista Peruana de Derecho y Ciencia Política, 2. https://acortar.link/3a6O31
Consejo Nacional Electoral. (2023). Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 y Consultas Populares. https://acortar.link/kmc8QA
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Representación Política. Sección sexta: https://acortar.link/KTgFc
Diario la Hora (2022). Correístas fracasan en su intento de destituir al presidente Guillermo Lasso. (29, junio 2022) https://acortar.link/l4LQMA
Dikasteria. (2023). La muerte cruzada en la Constitución de 2008. https://acortar.link/ukUbV2
Flores, M y Chalco, J. (2023). La muerte cruzada en el constitucionalismo ecuatoriano ¿Hay que mantenerla? https://acortar.link/MDzapk
Kelsen, H. (2020). Teoría pura del Derecho. https://acortar.link/ln7KDn
Linz, J (1990). The perils of presidentialism. Journal of Democracy, 1(1), 51-69. https://bit.ly/3BMhoDV
Mella, C. (2023) El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disuelve el Parlamento para evitar su posible destitución. (17 mayo, 2023) https://bit.ly/4hbwFhP
Montecé, S. (2019). Tratamiento del estado de derecho y principio de legalidad penal en la formación de juristas. Didasc@lia: didáctica y educación. https://acortar.link/BHPEey
Quezada, R. (2023). La disolución de la Asamblea Nacional en la Constitución del Ecuador en el período presidencial, en mayo 2023. https://acortar.link/oSLFwl
Sentencia interpretativa No. 002-10-SIC-CC (2010) https://acortar.link/J5MUjq